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Consultada el viernes pasado sobre la Operación Limpieza y las consignaciones, la PGR declinó confirmar o desmentir la información. “No podemos dar ninguna información hasta el momento procesal oportuno, pero ni el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ni la subprocuradora de la SIEDO, Marisela Morales, tolerarán actos de corrupción”, dijo escuetamente Fernando Castillo, vocero de la PGR. La embajada de EU, inquirida sobre el caso y la probable quiebra de sus protocolos de seguridad, reiteró que por política no podrían realizar comentario alguno.
Sin embargo de última hora la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia Organizada (SIEDO) Marisela Morales Ibañez en conferencia de prensa confirmó que mandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico a cambio de información clasificada.
Explicó que entre los que recibían dichos pagos por el cártel de los Beltrán se encuentran el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández, quienes recibían pagos de hasta 450 mil dólares mensuales de la organización de Beltrán Leyva.
Para lograr la captura de dichos mandos se organizaron cateos, se juntó documentación y otros objetos asegurados y se formularon dictámenes periciales y diversas testimoniales. Poniendo a disposición del Ministerio Público a Fernando Rivera Hernández, el 4 de agosto se le arraigó por 40 días y luego por 30, en octubre se ejerció acción penal por delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar en el fomento de la actividad ilícita.
Agregó que el viernes pasado un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, dicho gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.
Mientras que Rivera Hernández quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaba la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, en donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.
Los documentos de la PGR establecen que los funcionarios y agentes federales trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos protegidos los empleados de la SIEDO podrían haber prestado sus servicios a varias de las principales organizaciones criminales del narcotráfico.



